Cultura inicia las actuaciones para la extinción de la Fundación Francisco Franco

Cultura inicia las actuaciones para la extinción de la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura ha anunciado el inicio de un periodo de actuaciones previas para recopilar información que pueda justificar el inicio de un procedimiento judicial destinado a la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Esta decisión se enmarca dentro de las competencias del Protectorado de Fundaciones de ámbito estatal y ha sido formalizada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La Ley de Memoria Democrática, específicamente en su disposición adicional quinta, establece que las fundaciones pueden ser disueltas si no persiguen fines de interés general o realizan actividades contrarias a dicho interés. La normativa, en vigor desde el 19 de octubre de 2022, especifica que se considerará contrario al interés general cualquier acto que haga apología del franquismo, ensalce el golpe de Estado y la dictadura, o enaltezca a sus dirigentes, menospreciando y humillando a las víctimas del golpe, de la guerra o del franquismo, o incite directa o indirectamente al odio o la violencia contra ellas.

El procedimiento se desarrollará en tres fases. La primera fase, que acaba de iniciarse, implica la solicitud de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal. En la segunda fase, se abrirá formalmente el procedimiento con la comunicación del expediente a la Fundación Francisco Franco y la apertura de un periodo de alegaciones. Finalmente, en la tercera fase, se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado. Basándose en este informe, el Ministerio de Cultura elaborará una resolución para instar judicialmente la extinción de la fundación. La resolución final del procedimiento estará en manos de los jueces.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, amparada en el artículo 31.f) de la Ley 50/2002 de Fundaciones, considera que la apología del franquismo y el ensalzamiento del golpe de Estado y la dictadura son actividades contrarias al interés general. En consecuencia, el Protectorado de Fundaciones tiene la responsabilidad de instar judicialmente la extinción de aquellas fundaciones que incurran en tales conductas.

Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la defensa de los valores democráticos, asegurando que las fundaciones operen dentro del marco de los fines de interés general establecidos por la ley.

Redacción

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