La Associació Memòria de Mallorca exige al Govern de les Illes Balears la aplicación inmediata y efectiva de la normativa de reparación a las víctimas del franquismo. Esta reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la derogación de la Ley de Memoria Democrática desde el pasado 9 de junio. Pese al alivio por la decisión judicial que mantiene su vigencia, la entidad civil denuncia una parálisis institucional deliberada que convierte el texto legal en papel mojado.
El freno judicial a la derogación
El pleno del tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la decisión del ejecutivo balear de suprimir la Ley de Memoria Democrática autonómica. El Estado sostiene que esta anulación choca frontalmente con los artículos 15 y 10.1 de la Constitución. Estos preceptos blindan el estatuto jurídico de aquellas personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
La ofensiva legal no se limita a los derechos fundamentales. El recurso señala que la derogación supone una infracción en la distribución de competencias constitucionales y vulnera el principio de colaboración entre el Estado y la comunidad autónoma. Además, el documento advierte de una posible quiebra en la seguridad jurídica y subraya la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.
Inactividad institucional y bloqueo administrativo
El escudo teórico que proporciona la resolución del Tribunal Constitucional contrasta con la realidad práctica de la normativa. La Associació Memòria de Mallorca alerta de que, durante los tres años de mandato del actual ejecutivo insular, la comisión encargada de ejecutar y desplegar las medidas tan solo se ha reunido en dos ocasiones.
Ante la evidencia de que mantener la normativa en un cajón vacía de sentido cualquier victoria en los tribunales, la entidad exige una convocatoria urgente de la comisión. La demanda de la asociación —integrante de este órgano de participación— es clara: reclaman una voluntad política real que permita asumir las tareas históricas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación.
