Las principales agrupaciones de las Islas Baleares en defensa de las víctimas del franquismo han formalizado este 22 de octubre de 2026 su renuncia en bloque como miembros de las Comisiones Técnicas de Memoria Democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han comunicado la decisión durante una reunión convocada por el Ejecutivo autonómico (Govern) en Palma, acusando directamente a la administración de gestionar las políticas de memoria democrática al margen de la legalidad vigente. La decisión responde a la constatación de un vaciamiento sistemático de las funciones de estos órganos de consulta y a la falta de una participación efectiva.
Unas comisiones vacías de contenido y decisión
La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver París, ha sido la encargada de leer el escrito de renuncia ante los miembros de las comisiones técnicas dedicadas a las fosas y a los reconocimientos democráticos. Las entidades denuncian que las actuaciones gubernamentales se deciden y se ejecutan sin la valoración previa de estos órganos, relegando la presencia de las asociaciones a un papel meramente testimonial. Las demandas y propuestas presentadas por el tejido asociativo son ignoradas de manera reiterada y sin recibir ninguna explicación oficial.
Este distanciamiento, según el manifiesto, favorece la politización de la memoria democrática, arrinconando el criterio técnico y la experiencia especializada que las entidades y las víctimas han aportado durante más de dos décadas. Las asociaciones recuerdan que su participación ha sido clave para impulsar exhumaciones históricas como las de las fosas comunes de Porreres y Son Coletes, así como para incorporar el Censo de Víctimas o la perspectiva del trauma transgeneracional a los planes autonómicos.
Actuaciones al margen de la legalidad vigente
El escrito de renuncia detalla una serie de prácticas que las entidades consideran contrarias a la legislación autonómica actual. Por un lado, critican que no se aplica el reglamento aprobado por mayoría absoluta bajo el argumento de que no se ha localizado el acta de aprobación, aunque tampoco se ha procedido a rehacerlo por vía legal. Por otro lado, denuncian que el Govern impulsa actuaciones amparadas en la ley, como las relativas a los bombardeos de la aviación republicana, sin consultar previamente a las comisiones pertinentes.
La falta de transparencia también se ha hecho evidente en los procesos relacionados con la derogación y posterior suspensión de la ley balear de memoria. Las entidades afirman que, a pesar de ser partes directamente interesadas, el Ejecutivo no les ha informado adecuadamente y han tenido que enterarse de los movimientos institucionales a través de los medios de comunicación. Además, se han elaborado Planes de Fosas completamente al margen de la gestión de estos órganos.
El caso del Columbari de la Dignitat y propuestas ignoradas
La ruptura también se fundamenta en el incumplimiento de acuerdos y compromisos institucionales. Las entidades señalan directamente el caso del espacio conmemorativo conocido como el Columbari de la Dignitat. Durante la fase de diseño del memorial, se acordó incluir en la placa una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y hacer constar la autoría de la Comisión para garantizar el consenso. Pese a las garantías verbales recibidas, el monumento se inauguró ignorando estas dos condiciones, un hecho que las asociaciones consideran grave por la necesidad de contextualizar la represión franquista.
Esta falta de consideración se ha repetido con diversas iniciativas recientes. El documento expone que una propuesta registrada el 2 de septiembre de 2026 para instalar memoriales en Palma dedicados a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a los más de 6.000 muertos provocados por los bombardeos de la aviación fascista, ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de hoy.
La eliminación de instrumentos clave y el futuro de las entidades
La renuncia de las entidades se enmarca en un rechazo frontal a la política general del Govern, marcada por la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de atención a las víctimas y a sus familias. A pesar del abandono de las comisiones, las asociaciones aseguran que su decisión no va dirigida contra las personas que las integran y agradecen el trabajo del personal técnico.
Las entidades mantienen la puerta abierta a un futuro retorno institucional siempre que se produzca un cambio efectivo en el funcionamiento de estos espacios y se garantice el respeto al marco legal. Mientras tanto, aseguran que continuarán trabajando desde la independencia asociativa para recuperar la verdad y ejercer su responsabilidad de fiscalizar a las administraciones públicas.
