La Unió de Creadors de Mallorca (UCM) se ha presentado oficialmente hoy en el Espai Cultural Serverí de Son Servera con el objetivo de reclamar condiciones profesionales justas y una remuneración digna para los creadores de la isla. Esta nueva entidad, inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, nace para actuar como interlocutora directa ante ayuntamientos, instituciones culturales y medios de comunicación. La asociación busca fortalecer la comunidad artística y consolidar un ecosistema cultural balear sostenible, participativo y estrictamente profesional.
Una radiografía de la precariedad artística
La presentación ha servido para hacer públicos los resultados de una encuesta fundacional sobre las condiciones de trabajo en el sector. El estudio, realizado a 171 artistas y creadores de Mallorca, revela que el 65,3% de los artistas visuales no recibe ningún tipo de compensación económica por participar en eventos institucionales públicos. Estos datos se han convertido en la base de la evidencia del trabajo de incidencia de la entidad, demostrando que la cultura necesita personas creadoras que aportan tiempo, talento, conocimientos y recursos propios.
El Decálogo de buenas prácticas
Para revertir esta situación, la Unió de Creadors de Mallorca ha presentado un documento con diez principios básicos para garantizar una relación justa, transparente y profesional entre los artistas y las instituciones. El texto subraya que el trabajo artístico tiene un valor económico, social y cultural, y rechaza el concepto de la visibilidad como sustituto de la remuneración.
El decálogo exige honorarios adecuados al tipo de actividad y duración. También reclama la formalización de acuerdos mediante contratos por escrito que detallen las condiciones económicas, los derechos de uso y las responsabilidades logísticas. Además, establece que las instituciones deben asumir los gastos de transporte y garantizar un seguro que cubra las obras desde la salida del estudio hasta su devolución.
A nivel infraestructural, la entidad pide espacios expositivos con condiciones óptimas de seguridad, iluminación y accesibilidad. En el ámbito administrativo, el documento recomienda que las convocatorias públicas se publiquen con un mínimo de 60 días de antelación para permitir una preparación adecuada, exigiendo criterios de selección claros para evitar conflictos de intereses. Finalmente, se reclama una coordinación institucional para evitar solapamientos, así como el respeto absoluto a los derechos de autor, prohibiendo cualquier alteración de las obras sin el consentimiento previo del autor.
